Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

"El contexto es positivo, pero están pendientes temas estructurales para la educación pública"

En entrevista, el coordinador nacional del Contrato Social por la Educación (CSE) en Ecuador, Milton Luna Tamayo, presenta un amplio panorama de la situación de la educación en el país. Si por un lado, el contexto es favorable, por otra parte están pendientes temas como la alta deserción escolar y la calidad: “no hay consenso nacional respecto al concepto de calidad educativa, sobre todo en su conexión con los enfoques que hemos alcanzado en la Constitución y en la Ley, como es el Buen Vivir, los derechos humanos”. Lea a continuación
 

¿Cuáles son los mayores desafíos a la realización del derecho humano a la educación en Ecuador?

En este momento en el país existe una coyuntura favorable para la realización de derecho a la educación. Esto tiene que ver con el impulso y el interés de la sociedad ecuatoriana por ese derecho, que fue recogido en la Constitución de 2008, y traducido en varias de las políticas públicas que impulsa el actual gobierno de Rafael Correa, en relación a la realización del derecho humano a la educación y sobre todo a la recuperación de la idea de educación pública. En este sentido hay varios hechos favorables. Uno es que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural recogen el enfoque de derechos humanos en la educación y sobretodo incorporan un nuevo concepto, que es el Buen Vivir, así como las ideas más progresistas de la pedagogía de América Latina. Esta voluntad del pueblo de que se cumpla el derecho a la educación, que en mucho fue impulsada por el Contrato Social desde el 2002, se tradujo en políticas efectivas impulsadas desde el Ministerio de Educación y los sucesivos gobiernos. En ese sentido, también hay una voluntad política del actual gobierno de impulsar cambios en la educación.De otra parte, ha habido una estabilidad en la gestión de la política pública en educación desde el 2006 hasta la fecha.

¿Qué otros factores favorecieron la educación pública?

Hubo también un incremento importante de recursos públicos a la educación. Además, hubo una relativa reducción de conflictos en el ámbito educativo. Hasta el 2003, teníamos alrededor de 2 o 3 paros anuales del sector educativo. Desde 2007 hasta la fecha, ha habido muy pocos. Esos aspectos de alguna manera se han traducido en acciones concretas, cuyo logro más significativo fue el de haber obtenido un alto nivel de acceso a la educación en todos los niveles. Según datos oficiales, el 96% de niñas y niños asisten a la educación básica, y hay un incremento de 7 u 8 puntos en la matrícula para el bachillerato. Se recuperó la imagen de la educación pública. Ese es el mayor logro de la política educativa en los últimos años.

¿Qué estaría pendiente?

Están pendientes temas estructurales, relacionados sobre todo con la culminación de los estudios de esos niños, niñas y jóvenes que acceden más al sistema educativo. Hay problemas de deserción escolar, por ejemplo a nivel de bachillerato: 4 en cada 10 jóvenes y adolescentes no culminan sus estudios. A pesar de los esfuerzos realizados, ese es todavía un aspecto complejo. Hay un acumulado de 5 700.000 personas de más de 15 años que no han culminado ninguno de los niveles educativos hasta el bachillerato. Entre estos están los analfabetos que superan los 600 mil. Este problema de rezago educativo se ponen en evidencia cuando se compara con los datos población. Los ecuatorianos y ecuatorianas somos alrededor de 14 millones de personas, de las cuales 7 millones son económicamente activas.

Otro desafío para el cual no existe todavía una propuesta fidedigna de resolución es la denominada calidad en la educación. Aquí hay diversas iniciativas que se han implementado en los últimos años, pero algunas de ellas son inconexas y no corresponden a un proceso de mediano y largo plazo para la superación de esa dificultad. El primer problema está en la dimensión conceptual. No hay consenso nacional respecto al concepto de calidad educativa, sobre todo en su conexión con los enfoques que hemos alcanzado en la Constitución y en la Ley, como es el Buen Vivir, los derechos humanos y la mirada de la pedagogía latinoamericana. Esos paradigmas no han logrado dialogar suficientemente entre sí y, por lo tanto, no han podido construir un concepto de calidad movilizador que se permita permear a la sociedad y llegar a las aulas. De hecho, hay iniciativas alrededor de la calidad, pero en estas se combina diversas visiones de múltiples actores, entre ellos el gobierno, y en esa discusión percibimos que está todavía presente conceptos del neoliberalismo, sobre todo en lo que se refiere a las prácticas instrumentales de evaluación de docentes y estudiantes. Aquí encontramos una suerte tensión entre los grandes esfuerzos por la realización del derecho humano a la educación y los temas ligados a una disputa del concepto de calidad y la supervivencia de conceptos neoliberales.

Por un lado, el contexto general es positivo para la educación pública y la realización del derecho, pero en su interior subsisten y están presentes serias líneas de tensión entre el mismo enfoque de derechos y del buen vivir y, por otro lado, la supervivencia de enfoques neoliberales.

¿Cuáles fueron las principales actividades de movilización social e incidencia política que el CSE realizó a lo largo de 2012?

El Contrato ha establecido al menos dos grandes estrategias de incidencia. La primera ha tenido mucha fuerza en los últimos meses y se refiere a cómo incidir en el debate nacional en medio a la reciente campaña electoral presidencial. En eso tuvimos como instrumento central la presentación al Ecuador de la Agenda Ciudadana 2013-2021, que recoge un diagnóstico de la educación en el país, señalando los logros y los avances realizados, pero destacando la necesidad de que el pueblo ecuatoriano y el país asuman retos sobre 13 políticas públicas para el cambio de la educación ecuatoriana con un enfoque de derechos humanos, hasta el 2021. Esta actividad nos ha permitido ingresar al debate nacional, presentando nuestras propuestas a los candidatos a la presidencia de la república, pero también a medios de comunicación y durante una serie de debates y foros que se organizaron a nivel nacional. Creemos que la Agenda se podrá convertir en un instrumento importante, tanto para el debate, cuanto para la planificación que el país deberá desarrollar en los próximos meses y años a fin de elaborar su próximo plan educativo. [Sepa más sobre la Agenda Ciudadana]

En la Agenda, el CSE ha presentado un paquete muy importante de 13 políticas para la educación, que van desde reconocer la necesidad de impulsar la educación inicial, el acceso a la educación de indígenas y afro-ecuatorianos. También colocamos temas relacionados con el bachillerato y la formación técnica. En el documento presentamos de manera particular el grave problema, todavía no resuelto, que es el tema docente. Se destaca la necesidad de un nuevo esfuerzo nacional en términos de financiamiento de la educación. Prevemos que es necesario invertir el 10% del PIB en educación, pensando como meta el 2021, además del cumplimiento de la inversión del 6% del PIB para la educación, que es vigente en esos días, pero todavía no se cumple.
La otra línea de acción e incidencia del CSE se viene desarrollando hace varios años, pero tuvo un logro significativo el 2012, y lo seguimos impulsando en ese año. Tratase de la Alerta Educativa, proceso de investigación que se realiza con organizaciones sociales y no gubernamentales, de mujeres y movimiento indígena, entre otros actores, promoviendo una encuesta en los territorios y en las escuelas. Esa encuesta fue creada por la coalición, depurada por las organizaciones aliadas e implementada por el voluntariado, con la recolecta de informaciones en alrededor de 1500 a 2000 escuelas del país, particularmente en zonas rurales.

En esas localidades se busca establecer el impacto de la política gubernamental. El diagnóstico va desde verificar si están llegando los textos escolares, pasando por infraestructura educativa, hasta temas de calidad y medición de aspectos de violencia. Eso se tradujo en un informe que se presenta a las autoridades, particularmente al Ministerio de Educación, y el año pasado fue acogido en sus resultados, respecto a encuestas realizadas en la zona donde viven los/as Kayambi, población indígena históricamente importante, que se ha movilizado por defender la realización del derecho humano a la educación. Este informe revela algunos avances de las políticas públicas, pero también visibiliza serios problemas, sobre todo en el ámbito de la poca pertinencia cultural de la educación que se está impartiendo. Esto ha dado lugar a que la población se movilizara, exigiendo sus derechos.

Este es el instrumento más relevante que hemos logrado actualmente, en términos de impacto, ante un contexto de desmovilización de los movimientos sociales en el país. Por un lado, la Alerta desarrolla destrezas en la población, en la sociedad civil y en las organizaciones sociales sobre cómo reivindicar sus derechos y, por otra parte, se traduce en instrumentos técnicos y políticos, por su contundencia efectivamente asimilados y recogidos por el gobierno. Esa acción también ha permitido informar a la población ecuatoriana de la situación de la educación en general, a través de los medios de comunicación. Por otra parte, hemos realizado foros, discusiones e investigaciones. En 2012, producimos dos o tres investigaciones relacionadas con el estado del financiamiento de la educación y otras sobre educación de jóvenes y adultos.

Además, hemos estado consolidando una red de universidades muy importante, que desde el 2012 tiene el objetivo de realizar investigación, debates y discusiones alrededor de la calidad de la educación, con la participación de una media de 10 universidades del país. Adicionalmente, estamos impulsando en la América Latina, sobretodo en la región andina con la CLADE, la producción de un informe y un debate sobre la construcción de indicadores educativos, con enfoque de derechos, pero con el ingrediente del buen vivir. En eso estamos trabajando con las coaliciones de Colombia, Perú y especialmente en diálogos con la Bolivia, donde circula ese mismo concepto con el nombre de “vivir bien”. Entonces, existe una agenda no solo ligada a organizaciones sociales, sino también en conjunto con la academia, que hemos realizado en los últimos años y el 2012. Asimismo, mantenemos una agenda internacional con la CLADE, que realizó su última Asamblea General en Quito. La organización del evento se hizo con un esfuerzo muy grande del CSE en conjunto con ALER. Con esa actividad, impulsamos y desatamos un proceso de movilización muy importante que ayudó a recolocar el tema del derecho humano a la educación en Ecuador, con los matices específicos que tiene el país en este momento.

¿De qué modo las informaciones de la Alerta Educativa se convirtieron en políticas públicas, revelando que ese es un instrumento de incidencia efectivo?

Buena parte del informe de la Alerta Educativa, elaborada en conjunto con el pueblo Kayambi, aportó datos importantes de la falta de eficiencia en la llegada de algunas de las políticas públicas a aquel territorio, por ejemplo la llegada tardía de los textos escolares a las escuelas. Esta ha sido una medida que le ha permitido al Ministerio de Educación hacer un ajuste inmediato, es decir ya en el inicio de este año escolar se corrigió de manera sustantiva el fallo. Adicionalmente se descubrió problemas de infraestructura escolar, que también se tradujo en acciones inmediatas de inversión educativa de más de 5 millones de dólares, aplicados por el Ministerio de Educación en la resolución del problema de la falta de octavos, novenos y décimos de educación básica en las escuelas que forman a las niñas y los niños del pueblo Kayambi. Asimismo, se reveló la supresión de un derecho logrado por las comunidades que era el almuerzo escolar, presentándola para resolución por el Ministerio de Educación.

La Alerta Educativa también reveló que faltan profesores en diversas escuelas, siendo que muchos de los profesores venían siendo financiados por comunidades, padres de familia y gobiernos locales o municipales. Esa información llevó a que el Ministerio de Educación empezara a implementar una propuesta para proporcionar profesores financiados por el Estado a esas escuelas. Así que han sido diversos los problemas y también hemos visto la predisposición del gobierno, con la movilización del movimiento indígena, de dar respuestas según un plan integral de soluciones. También como resultado del Alerta, el gobierno lanzó una iniciativa que tiene el objetivo dar más atención al tema de la interculturalidad y del respecto a las culturas autóctonas originarias. El modelo educativo que se venía implementando era homogeneizador e hispano centrista. Luego, esa acción y esa movilización del Alerta lograron evidenciar problemas, haciendo que esos se incluyeran tanto en la agenda del movimiento indígena, cuanto en la agenda del Ministerio de Educación.

¿Cuáles estrategias y actividades del quehacer del foro te gustaría destacar y por qué?

Las iniciativas son del Contrato Social (y sus organizaciones integrantes), pero su éxito depende de la articulación de la coalición a otras organizaciones y movimientos sociales. En el caso de la Alerta Educativa, por ejemplo, originalmente la iniciativa, los instrumentos técnicos y la voluntad política fueran nuestros. Pero, eso no hubiera alcanzado éxito si no existiera simultáneamente la comprensión estratégica y política del movimiento indígena de sumarse a esa estrategia y desplegar, sobre la base de su propia tradición y experiencia, una serie de acciones en su territorio que han dado lugar a un proceso de movilización muy importante, que podría ser replicado en todo el territorio nacional por otros pueblos y organizaciones del movimiento indígena ecuatoriano. Creo que esa fue una incidencia muy importante, porque con ella no solamente se está incidiendo en el Estado, sino que también en la restructuración de la propia sociedad civil y en su fortalecimiento.

La Agenda Educativa, de igual manera, pero con otro tipo de instrumentos, se construyó de manera democrática, a partir de una serie de foros locales, en que se hicieron consultas y se debatió con diversos actores de la sociedad civil organizada y la academia. A la construcción de la Agenda han asistido representantes de universidades, docentes, sindicatos, representantes del sindicato docente, jóvenes y adolescentes, entre otros, que han aportado con sus ideas. Bajo el concepto de derechos humanos, el equipo técnico ejecutivo del Contrato ha sistematizado esa Agenda, que está en construcción, y sigue en un proceso de debate y discusión. Hemos consolidado un primer documento, pero él sigue construyéndose en el camino. Durante sus 10 años de existencia, el CSE ha propuesto políticas educativas, pero al mismo tiempo ha hecho vigilancia para que el Estado cumplas sus obligaciones.

¿Cuáles son los principales logros, que alcanzó la sociedad civil hasta el momento, respecto a la garantía del derecho humano a la educación en el país?

A partir del 2002, la sociedad ecuatoriana comienza a impulsar el concepto del derecho humano a la educación y, ya en el 2005, hay una primera e interesante reacción del gobierno, sobre la universalización del primero año de la educación básica, para la cual existe actualmente una política pública con presupuesto y acciones desde el Ministerio de Educación. Así se introdujo en el debate público y en las políticas públicas el tema de la universalización ligada a la perspectiva de derechos. En el 2008, se introduce en la Constitución, que es la misma actual, el concepto de derecho humano a la educación con mucha fuerza.

Así que el logro más significativo fue posicionar la idea del derecho humano a la educación en la Constitución. Obviamente el enfoque de derechos humanos, en general, está en el discurso de las políticas públicas en Ecuador. El gran desafío es llevar lo que está ya en el papel a la realidad, y ahí hay todo un camino por recorrer. Hoy, ya no se debate el concepto, en términos de su legitimidad. Ahora se debate sobre cómo ese concepto efectivamente se puede traducir en una serie de acciones y políticas e instrumentos. Aquí sí hay un problema todavía. El logro principal es ese y también el hecho de que hoy se invierta más en educación. De otra parte, hoy presenciamos un fortalecimiento del Poder Estatal de un lado y el debilitamiento de algunos de los actores importantes del hecho educativo. Esa es la paradoja: buenas normas y algunas políticas, pero en medio de una debilidad de algunos actores históricos importantes.

¿Cuál ha sido la importancia del trabajo desarrollado por el CSE en el alcance a eses avances?

Gran parte de esas iniciativas ha venido de la mano con la historia del Contrato Social. El 2002, el Contrato fue el movimiento ciudadano que presentó, nuevamente en un proceso electoral, la idea de que se hiciera un acuerdo nacional por la educación alrededor del concepto de derecho a la educación. Esto tuvo una fuerza importante, que se tradujo en políticas concretas. Por fortuna, yo diría que, desde el 2007, muchas de las ideas que venían desde la sociedad civil, impulsadas por el CSE fueron asumidas por el Estado. Por ello, el protagonista principal desde 2007 es el Estado, el gobierno, es el Ministerio de Educación. Con eso, nuestro movimiento comenzó a realizar un trabajo de vigilancia, para que varias de esas políticas efectivamente se cumplan. En ese contexto, la sociedad ecuatoriana pasa por un proceso de reestructuración. Hay un retroceso en la organización social del país, y todas las iniciativas que estamos trazando tienen el intento de reestructurar la movilización y la organización de la sociedad civil.

Otro esfuerzo de la coalición, más bien interno, es que, en un contexto de disminución de la actividad general y del apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido que invertir mayor cantidad de iniciativas políticas para que el Contrato siga realizando su labor. No han sido tiempo buenos, y es cada vez es más compleja la realización de actividades por falta de recursos, mientras que la propia sociedad civil se ve alineada y dependiente de recursos estatales. Por ello, nos hemos dedicado a la reestructuración y al fortalecimiento, en paralelo a actividades de movilización e incidencia.