Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Daniel Cara: “Para garantir la expansión con calidad, es necesario invertir el 10% del PIB en educación”

Según Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, de Brasil, es fundamental que se cumpla ese objetivo. El defiende enérgicamente la asignación del 100% de los royalties del petróleo nacional para esa finalidad, pero señala que ese montante sería todavía insuficiente. Otras alternativas incluyen la contribución social o el impuesto sobre grandes fortunas para la financiación de políticas públicas de salud y educación continuación, él comenta los desafíos a la financiación y otros aspectos de la educación brasileña. Haciendo un balance del año 2012, Cara considera que ha sido un año muy bueno, y subraya la aprobación del 10% del PIB para la educación pública nacional;aprobación de la ley de cupos sociales y raciales al ingreso en las universidades federales.

¿Cuáles son los mayores desafíos a la realización del derecho a la educación en Brasil?
Daniel Cara – Más allá de la cuestión de la calidad, el Brasil aún tiene el desafío de la ampliación del acceso. Existen hoy en el país 3,5 millones de niñas, niños y adolecentes, de 4 a 17 años de edad, que se encuentran fuera de la escuela. Esa franja de edad se tornó una referencia importante, pues a partir de la Enmienda Constitucional (EC) 59, del 2009, que ayudamos a elaborar, la educación; pasó a ser obligatoria a las personas de 4 hasta 17 años de edad. Así que tenemos una población equivalente a la de Uruguay que no está en la escuela y obligatoriamente ya debería estar incluida. También tenemos un desafío enorme, respecto a la inclusión en las guarderías. Tenemos hoy un porcentaje de escolaridad en las guarderías de 18,4%, y esa cantidad debería ser de lo mínimo 50%. El plazo final para el cumplimiento de esa meta se postergó para el último año del nuevo Plan Nacional de Educación (PNE), que se tramita actualmente en el Senado Federal [una de las Casas del Parlamento brasileño, compuesto por Cámara de los Diputados y el Senado Federal]. O sea, si se aprueba el PNE en 2013, el plazo para el cumplimiento de ese objetivo se extiende hasta 2022.

Sumándose a la dificultad de acceso, otro desafío urgente, y tal vez mayor, sea el de la calidad de la educación. Brasil está bastante lejos de vencerlo, tanto respecto a la educación básica, como a la enseñanza superior. Asimismo, Brasil es uno de los pocos países del mundo en donde se amplió el acceso a la educación básica, pero eso no se siguió por un aumento equivalente a las plazas en la enseñanza superior. La generación que hoy tiene entre 55 y 65 años de edad en el país tiene prácticamente la misma tasa de escolaridad en la enseñanza superior que la población de los 18 a los 24 años de edad, lo que demuestra que Brasil, en el caso de la enseñanza superior, todavía no alcanzó un avance en el número de matrículas. 

Según el informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de 2012, con datos de 2010, solamente 9% de las personas entre 55 y 64 años de edad concluyeron la educación superior en nuestro país. En la franja de edad de los 25 a los 34 años, el porcentaje no llega a 12%. Entre los 18 y 24 años de edad, solamente 13% frecuentaron la educación superior. En Corea del Sur, por ejemplo, que tiene el 13% de la población de los 55 a 64 años de edad con nivel superior de educación, se dio un salto muy grande, resultando que el 65% de los jóvenes entre los 24 y 35 años de edad concluyeron el grado superior en el país.

A través de nuestra lucha por la aprobación del PNE, ambicionamos resolver esos problemas de acceso, garantizando un padrón mínimo de calidad, tanto en la educación básica, como en la enseñanza superior. Se podría impulsar ese cambio con la inversión del 10% del Producto Interno del País (PIB) en la educación pública. Según nuestros cálculos, ese montante corresponde a los recursos suficientes para garantizar la expansión de la educación con calidad.

¿Qué actividades más recientes tú destacarías referente a movilización social e incidencia política que se realizaron para la Campaña Nacional?
Cara – La Campaña tuvo un año muy bueno. Es probable que haya sido el mejor año de los 13 años que tiene de historia. Coordinamos la incidencia de la sociedad civil para la aprobación del 10% del PIB a la educación pública en el nuevo PNE, y colaboramos de manera decisiva con la aprobación de la Ley de los Cupos (Ley 12.711/2012). Ahora defendemos la asignación del 100% de los recursos que advienen de la extracción del petróleo y de otros minerales brasileños, y que se distribuyen entre el gobierno central, los departamentos y los municipios, para la educación pública, porque comprendemos que ese montante de dinero es una alternativa de financiación para el nuevo PNE.

Es importante decir también que si no hubiéramos logrado el 10% del PIB para la educación pública, el gobierno no estaría actualmente preocupado en asignar los royalties del petróleo para ese sector. Entre tanto, en términos inmediatos, la aprobación de la Ley de los Cupos Raciales y Sociales fue la vitoria de 2012 para la educación brasileña, lo que más rápido mostrará su eficacia, sea en el cambio de apariencia de la universidad, o en el aumento de la calidad de la enseñanza secundaria.

La apreciación de esa ley se encontraba estancada en el Congreso Nacional desde 2008. Pues había cierta timidez tácita del gobierno de Lula, que después se mantendría en el gobierno Dilma, ante los sectores más conservadores del Congreso Nacional, especialmente en el Senado Federal. Entre tanto, luego de la casación del mandato del Senador Demóstenes Torres, que era líder del bloque conservador en contra la aprobación de la ley de los cupos, y del reconocimiento de la constitucionalidad de las políticas de acción afirmativa por el Supremo Tribunal Federal (corte máxima de Brasil), se creó un contexto favorable a la actuación de la Campaña Nacional en pro de la aprobación de esa ley. Vale subrayar que, en ese trabajo de incidencia, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación apoyó el MSU (Movimiento de los Sin Universidad), que es miembro de la coalición. Uno de los principios de la Campaña determina que ella jamás se sobreponga a la actuación de un miembro de su red.

¿Cuáles son las principales estrategias de la Campaña Nacional para que tenga éxito en su trabajo de incidencia política ante el Poder Legislativo?
Cara – La Campaña tiene pautas de lucha propias, como en PNE ahora, o el FUNDEB [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación] entre 2005 y 2007, tal como la implementación del CAQi (Costo Alumno-Calidad Inicial), desde el 2007, entre muchas otras. Además apoya las pautas que se consideren determinantes a la consagración del derecho a la educación, bajo el liderazgo de uno de sus miembros. En eses casos les damos total apoyo a los miembros de la Campaña, pero no nos configuramos los protagonistas. Así se dio la lucha por los cupos, en la cual el MSU fue el protagonista. También trascurrió de esa manera la lucha por el piso nacional salarial de los profesionales del magisterio, reivindicación en la cual apoyamos a la CNTE (Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación). A través del liderazgo o el apoyo a la incidencia sobre un tema específico, creó que el 90% de nuestras vitorias en la Campaña Nacional fuera alcanzado debido a nuestra intensidad. Tenemos presencia constante en el Congreso Nacional y parte de nuestra capacidad de incidencia se realiza por medio del uso de diversas estrategias. Cada actividad de la Campaña genera acciones de comunicación, presión sobre las autoridades y articulación institucional, entre otras estrategias, para que diferentes actores se sumen en una acción colectiva. También tenemos fuerte capacidad de producción y de conocimiento. Creamos y establecemos investigaciones y argumentos técnicos. Producimos textos y los presentamos a los parlamentares. Por ello somos reconocidos como especialistas en el campo de la educación, especialmente en lo que dice respecto a la financiación de ese derecho.

Debatimos nuestros informes e investigaciones con la red y así logramos formar actores sociales y políticos, enganchando más gente a nuestras luchas. La suma de todo eso y el modo como se realiza cada una de esas etapas ocurren con mucha intensidad y agilidad. Contestamos con mucha rapidez a cualquier decisión del gobierno, a través de un posicionamiento público o una entrevista a la prensa. Además tenemos una lista de contactos extensos, que involucra gran parte de los Secretarios Estaduales y Municipales de Educación, así como periodistas y líderes sociales. Por ello, nuestra capacidad de difundir informaciones es muy fuerte, incluso a través de las redes sociales. Pero, esa actuación en el mundo virtual necesita sumarse a una movilización física y presencial, como la que hemos promovido respecto a la lucha por el 10% del PIB para la educación pública. Pues, nuestra experiencia nos enseñó que no se pude creer en la capacidad del gobierno para solucionar solo, los problemas y las cuestiones polémicas relacionadas a la educación que están presentes en el Congreso Nacional. También es importante recordar que divergimos del gobierno en muchos aspectos que se refieren a las políticas públicas educacionales. 

¿Nos podrías detallar cómo se desarrolló la incidencia de la Campaña Nacional ante la apreciación del proyecto que determinaba la asignación para la educación de todos los recursos obtenidos con el pago de los royalties del petróleo al gobierno central y a los departamentos y municipios?
Cara – La Campaña Nacional logró lo que antes parecía imposible: derrumbó el recurso que el Gobierno Federal había presentado, pidiendo que la asignación de los royalties del petróleo para la educación fuera votada en paralelo al PNE en la Plenaria de la Cámara de los Diputados. La tramitación y la aprobación del PNE, en su primera fase, se hizo por medio de una Comisión Especial de la Cámara de los Diputados, que fue creada como un instrumento defendido por el Gobierno Federal y negociado por la Campaña, para que la apreciación del Plan se hiciera con celeridad, pero que también permitiera la participación de la sociedad civil. Esa negociación colaboró incluso a que se lograra la aprobación del 10% del PIB para la educación pública, pues la participación social constriñó los parlamentares a que lo hicieran.

Después que vencemos por unanimidad la aprobación del PNE en la Comisión Especial, el gobierno presentó el recurso que se mencionó anteriormente, con el objetivo de postergar la aprobación del plan, poniendo su apreciación en paralelo a la del proyecto sobre la asignación de los royalties para la educación. La intención del gobierno con eso era vincular las dos materias, con la excusa de que era necesario definir una fuente de financiación para el plan. Sin embargo, de manera inédita, logramos vencer ese recurso, haciendo que los parlamentares que todavía no lo habían firmado, retiraran sus firmas y el PNE pudiera seguir al Senado Federal. El gobierno quedó atónito con esa vitoria de la Campaña, pues jamás había vislumbrado la posibilidad de perder su capacidad de convencimiento de los 80 diputados federales, que son actualmente muy disciplinados y controlados por el Poder Ejecutivo. Después de meses, se apreció la asignación de los royalties del petróleo a la educación. En ese caso, eso sucedió en conjunto con el Gobierno Federal.

Infelizmente, fracasamos en esa votación, lo que comprobó que: si el PNE fuera apreciado en conjunto con los royalties, habríamos perdido todo. Hoy en día hay chances de que la Ley del PNE recupere todos los recursos que advienen de la explotación del petróleo, incluso los royalties para la educación pública. Recientemente, el 3 de diciembre, la Presidenta Dilma emitió una Medida Provisoria, que puede tornarse ley en hasta 120 días, la cual determina el 100% de los royalties para la educación. Pero, diferente del proyecto anterior, que se rechazó en el Congreso Nacional, en la práctica, no se garante que vendrá cualquier recurso para ello. De nuevo, vamos a enfrentar el Gobierno Federal sobre esa cuestión. Vivimos en esa oscilación: a veces estamos al frente de la batalla, donde está el gobierno, y en otros momentos estamos en bandos distintos.

¿Cuál es la actual agenda de movilización social e incidencia política de la Campaña Nacional?
Cara – Seguimos con la pauta del PNE, que todavía se va a apreciar en el Senado y después de nuevo en la Cámara de los Diputados. Asimismo, hemos actuado en el fortalecimiento del derecho humano a la educación, creando leyes y estableciendo mecanismos de control social sobre el cumplimiento de esa legislación. Entre tanto, aún tenemos dificultades para seguir la implementación de esas leyes del modo como nos gustaría. Ambicionamos también solucionar la cuestión de las fuentes de financiación de la educación, puesto que la inversión del 100% de los royalties del petróleo para la educación, hasta 2022, no será suficiente para alcanzar la meta de inversiones del 10% del PIB en educación. Necesitamos de todos los recursos estatales que advengan del petróleo y más allá. Estamos pensando, por ejemplo, en cómo trabajar bajo la perspectiva de crear una contribución social o un impuesto sobre las grandes fortunas que pueda financiar los sectores de salud y educación pública. Pero, lo más difícil es hacer que los parlamentares brasileños infrinjan los intereses de las 200 familias más ricas del país, aprobando un proyecto como ese.

¿Cuáles fueron los principales logros de la sociedad civil brasileña hasta el momento, en lo que dice respecto a la garantía del derecho humano a la educación en el país?
Cara – Siguiendo una secuencia temporal, los principales logros fueron: el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación (FUNDEB), que llevó posteriormente a la universalización de la enseñanza pre-escolar y secundaria, por medio de la Emienda Constitucional 59, de 2009, logros en los cuales hubo una participación central de la Campaña Nacional. Después, la Cámara de los Diputados aprobó el 10% del PIB para la educación, que era una reivindicación antigua y anterior a la Campaña, y que se aprimoró con el transcurso del tiempo, en términos de argumentación técnica, especialmente por medio de la realización de nuestra investigación costo alumno-calidad, que se viene discutiendo en el país de manera amplia.

Esta investigación, que se conoce como CAQi, comprueba que el 7% del PIB para la educación, que estaba previsto en la propuesta del Ministerio de la Educación para la financiación de ese derecho, por medio del PNE, solamente posibilitarían la expansión de la educación, sin garantizarle un padrón de calidad. Así que ganamos tal debate y tuvimos también un inmenso gano con la aprobación de la ley de cupos. Esos avances se abastecen por un sistema de conferencias, como la Conferencia Nacional de Educación (CONAE), que permite la participación de la sociedad civil en todos esos procesos.

La Campaña recién empezó a articularse con otros países luso-parlantes. ¿Cómo viene desarrollándose ese programa de cooperación Sur-Sur y cuál es su importancia?
Cara –Brasil vive cierto aislamiento lingüístico en América Latina, porque es el único país donde se habla el idioma portugués. Pero, tenemos el portuñol, el Mercosur y una historia de relación e integración con nuestros vecinos. Por otra parte, los países luso-parlantes africanos viven un aislamiento mucho más grave, que les hace daño en términos de participación política en el contexto africano. Ante a ese contexto, la relación de la Campaña Nacional con los países luso-parlantes ha sido muy franca y de intercambio de experiencias. Creemos que el espacio internacional debe servir para fortalecer los desafíos nacionales. En ese trabajo, nos hemos dedicado al fortalecimiento de las campaña en los ámbitos nacionales, buscando la creación de una pauta común entre esos países, para que haya una incidencia internacional en el futuro, con demandas que contribuyan para fortalecer el trabajo que desarrollan los distintos foros de educación, respecto a sus realidades nacionales. Los países luso-parlantes comparten ese punto de vista. La participación en el ámbito internacional solo tiene sentido si sirve al ámbito nacional, que es donde se definen las políticas de educación.

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[Revisión: Maria Ludowica Kordybacha]