Chile: “El movimiento estudiantil es el principal objetivo del Proyecto de Ley Hinzpeter, pues con más fuerza ha salido a las calles para defender lo público”
28 de agosto de 2013
En entrevista a la CLADE, Patricio Véjar, integrante del Foro por el Derecho a la Educación comenta el contenido de un proyecto de ley que tramita actualmente en el parlamento chileno, y que puede darle legitimidad a la represión del Estado a las libertades de manifestación, asociación y expresión
Fotos: ALER
Se encuentra actualmente en debate en el parlamento chileno el polémico proyecto de ley conocido como "Hinzpeter", en referencia al apellido del Ministro de Defensa Nacional de Chile, Rodrigo Hinzpeter, y que pretende “garantizar el orden público”, dando la posibilidad de criminalización de quienes realicen protestas sociales en el país.
El proyecto de ley, recién ingresado por el gobierno, tiene como justificación aumentar el resguardo del orden público y aumentar las sanciones para quienes cometan desmanes durante manifestaciones públicas, ocultándose el rostro y o encapuchados.
El texto ya fue votado en la Cámara de los Diputados, donde se rechazó a la mayoría de sus artículos . Ahora la propuesta tramita en el Senado, donde podrá recibir diversas modificaciones, para luego ser presentada para una nueva votación en la Cámara.
Los movimientos y organizaciones sociales que defienden los derechos humanos en Chile, entre los cuales los sectores de la sociedad civil organizada que luchan por el derecho humano a educación, se han referido a esta propuesta como un intento de criminalización de la protesta social. Al respecto, Patricio Véjar, integrante del Comité Ejecutivo del Foro por el Derecho a la Educación, concedió una entrevista a la CLADE, en que comentó el rechazo de la sociedad chilena a este proyecto de ley, así como los posibles impactos de la propuesta para la realización del derecho humano a la educación en el país. Lea la charla completa a continuación.
¿Cuáles son los argumentos del gobierno para la creación del proyecto de ley Hinzpeter?
Véjar - En la Cámara de los Diputados, se aprobó la idea de legislar para aprobar un proyecto de ley de aseguramiento del orden público, pero todos sus artículos, a excepción de los que aumentan la protección legal de la policía, fueron rechazados en la Cámara. Así que, en estos momentos, el proyecto sólo contempla artículos que aumentan la protección de la policía frente a agresiones físicas o de palabra. Eso ha significado, en la práctica, posibilitar que los policías gocen de un elevado manto de impunidad. Es necesario precisar que a lo largo de los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura, se ha ido legislando con miras a aumentar las penas a quienes se enfrenten física o verbalmente contra policías (las sanciones pueden llegar a más de 03 años de reclusión), esto es, convierte en delito cosas que podrían considerarse como un simple intercambio de palabras entre policiales y manifestantes. Asimismo, estos reglamentos dejan que la policía pueda actuar según su propio criterio. De acuerdo al proyecto de ley Hinzpeter, si alguien por pensar que un acto de la policía está siendo abusivo, interviene, esto puede considerarse un delito, bajo el argumento de que dicha acción representaría un impedimento al derecho policial de ejercer su trabajo. Este proyecto, por lo tanto, aumenta la protección de la policía, en detrimento del derecho a manifestarse de las y los ciudadanas y ciudadanos.
Ahora la propuesta está en el Senado, y se espera que tanto gobierno como los senadores y las senadoras propongan nuevos artículos y modificaciones. Si el proyecto llega a aprobarse con estas modificaciones, volverá a la Cámara de los Diputados y después pasará a la aprobación por el Ejecutivo. Si se convierte en ley el proyecto, habrá altas posibilidades de que su contenido sea rechazado en el futuro, pues ya hay un rechazo generalizado de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de los movimientos por los derechos humanos del país a la propuesta, precisamente porque lo único que hace es convertir en delito actos legítimos, como por ejemplo la convocatoria a una marcha pacífica. El apoyo a esta ley es muy transversal dentro del gobierno porque su contenido ha sido usado como argumento contra la oposición actual, para enrostrarle su falta de voluntad para entregarle a la policía las herramientas necesarias para mantener el orden público.
¿Qué opinión tiene el Foro por el Derecho a la Educación sobre este proyecto y por qué?
Véjar - Desde las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos defensores de los derechos humanos, y específicamente el Foro por el Derecho a la Educación, rechazamos este proyecto, y consideramos que su iniciativa tiene que ver con el tema de que en Chile los tratados de derechos humanos aun no son considerados ni respetados por los legisladores ni por el gobierno, en ningún ámbito. Creemos que esta es solamente la superficie de un problema mucho más grande, que es la necesidad de que las instituciones y los políticos chilenos acepten definitivamente la prevalencia de las convenciones internacionales de derechos humanos por sobre normas como las mencionadas, incluso las que están en el reglamento de las fuerzas armadas y de la policía, que son abiertamente contrarias a los derechos humanos.
Este proyecto de ley surge como una maniobra intimidatoria a la población, con miras a impedir que la misma se manifieste. Esta actitud gubernamental es claramente un ejercicio de fuerza abusiva frente a la incapacidad de los gobiernos de dar respuesta a las demandas sociales. Así, la única alternativa que les resta es la represión.
¿Cuáles son, en tu mirada, los efectos que puede tener la aprobación de este proyecto, en lo que toca la realización del derecho humano a la educación en Chile, así como la participación democrática en la lucha por ese y otros derechos?
Véjar - El movimiento estudiantil de Chile es actualmente el principal objetivo de estos reglamentos y prácticas de represión, puesto que ha sido el movimiento que con más fuerza ha salido a las calles, defendiendo una educación pública, gratuita y de calidad, lo que pasa por cambiar elementos centrales del actual sistema y aborda el funcionamiento de lo público en el país. En Chile, durante los últimos 40 años, se han desarrollado políticas de desmantelamiento de lo público y privatización de aspectos muy profundos de la vida de la sociedad. Desde esta perspectiva, el principal objetivo de este proyecto de ley y de otros reglamentos, respecto a las funciones del Ministerio de Educación y al financiamiento de la educación en instituciones privadas, es tratar de impedir que el movimiento estudiantil y otros sectores de la población, como el movimiento en defensa del medioambiente por ejemplo, logren presionar por la realización de sus propuestas a partir de la movilización social. Pero, creemos que el movimiento estudiantil es el principal adversario del gobierno en este sentido, puesto que tiene una propuesta fuerte de defensa de lo público y contra el actual estado de cosas.
¿En este contexto, el Foro viene desarrollando alguna actividad de incidencia por la no aprobación de este proyecto?
Véjar - Estamos ahora en un proceso electoral a la presidencia y al parlamento en Chile (las elecciones sucederán el 17 de noviembre), y aunque la mayoría de las organizaciones continúan impulsando iniciativas de movilización, hay también una preocupación por presentar propuestas políticas a las y los candidatas/os, especialmente porque la mayoría de los planes expuestos por ellas y ellos, hasta el momento tienen gran énfasis en el tema de la educación. Son propuestas que van desde el fortalecimiento del papel del Estado, hasta la intención de reforzar la tendencia actual de privatización de la educación, dándole al mercado un impulso para que pueda resolver los temas de calidad y financiamiento. Por ello, en este momento, el movimiento estudiantil y las organizaciones no gubernamentales están intentando incidir sobre dichas propuestas, que se están discutiendo en el nivel del espacio público. Sin embargo, existen coaliciones donde coexisten organizaciones sociales, ONG’s y Amnistía Internacional, que se mantienen atentas al estado de tramitación parlamentaria de la Ley de aseguramiento del orden público demandando constantemente su rechazo.
¿Y qué estrategias están utilizando en el desarrollo de este proceso de incidencia?
Véjar - Nosotras y nosotros, integrantes de la sociedad civil organizada, hemos participado en seminarios, encuentros y foros que se realizan en el país todos los días. Asimismo, el tema de la educación está de la mano con la actual fecha de los 40 años del Golpe de Estado en Chile [El 11 de septiembre, las y los chilenos recordarán el Golpe Militar que derrocó al ex presidente socialista Salvador Allende en 1973 y que dio paso a la dictadura del general Pinochet, que culminó en 1990]. Aprovechando este contexto, hemos generado iniciativas para manifestar las opiniones que tenemos sobre lo qué consideramos que debiera ser la construcción de un país democrático, desde la mirada de que hubo carencia de una profundización democrática efectiva durante el período posterior al fin de la dictadura cívico-militar, en los cuales se construyó un modelo de sociedad excluyente, discriminadora y fundada en la inequidad y la desigualdad en todas las dimensiones de la vida de las personas (social, política, económica, cultural, etc.).
Ante esta realidad, nuestro principal objetivo es movernos para llegar a los espacios donde se reúnen el mundo juvenil, estudiantil, artístico, y de diversos movimientos, para sumar fuerzas. Como Foro, buscamos estar presentes en todos estos espacios, planteando el posicionamiento de la coalición, que está en línea con la lucha por una educación pública, gratuita y otorgada por el Estado. Esta demanda se presenta hoy en día como el anhelo que une la mayoría de la población.
En el próximo año, cuando haya un cambio de gobierno, creemos que se van a crear espacios de mucha disputa política e ideológica, con la definición de nuevas políticas de educación, que es el gran tema de demanda de la sociedad. Pensando en esto, el Foro está profundizando su articulación con gremios, profesorados, estudiantes, abogadas y abogados, padres y madres y otros sectores de la sociedad que defienden los derechos humanos, para actuar con más fuerza en el próximo período. Creemos que, en ese momento, este proyecto de ley de aseguramiento del orden público, así como una enorme cantidad de reglamentos que inciden sobre el ejercicio de la libre manifestación, serán profundamente cuestionados por la sociedad. Se aproxima una etapa crucial, donde nos vamos a jugar en una dirección y en un nuevo sentido para las políticas públicas, según la voluntad efectiva de hacer los cambios necesarios, que tenga el nuevo gobierno. Pues, sabemos que las propuestas que se presentan en el ámbito del proceso electoral no representan la verdadera voluntad que está por detrás de estos proyectos.
¿Específicamente sobre el proyecto de ley Hinzpeter, acaso se ha dialogado con las parlamentarias y los parlamentarios con el intento de incidir por la no aprobación de la propuesta?
Véjar - La experiencia del movimiento social chileno es que los diálogos con las autoridades son difíciles y tienen baja efectividad. El parlamento funciona en una lógica muy cerrada en que los intereses políticos prevalecen y no hay participación social. Así que la movilización social ha sido la estrategia más utilizada para hacer ver los puntos de vida de la sociedad. Participamos también en las instancias institucionalizadas, cuando las mismas están disponibles, pero la práctica de estos más de 20 años de transición democrática demostró que este ha sido un mecanismo ineficiente y la protesta social ha sido la forma de participación democrática más impactante. En la práctica, esto significa que si bien se realiza el diálogo con parlamentarios y parlamentarias, ello se hace sin abandonar la movilización.
Lea aquí un resumen explicativo del proyecto de ley Hinzpeter en el marco de la protesta social.
Conozca el posicionamiento público del Foro por el Derecho a la Educación Chile El Movimiento Sedundario: Una Construcción Política desde la Participación
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