México: Coalición rechaza ley sobre el servicio profesional docente, por sus graves violaciones a los derechos laborales del magisterio
La propuesta, que es parte de la reforma educativa propuesta por el presidente Peña Nieto, determina que las decisiones sobre la carrera docente serán definidas con base en evaluaciones estandarizadas y sin la participación de la sociedad civil
5 de septiembre de 2013
Foto: REUTERS/Henry Romero
Mientras transcurrían las protestas de docentes contrarios a la votación por el Parlamento de las leyes reglamentarias de la reforma educativa propuesta por el presidente Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional - PRI), se aprobó sin consulta previa a las maestras y los maestros del país, en el último domingo (1º de septiembre), la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley, que ahora se discute en el Senado, es objeto de rechazo de parte del magisterio de México y también de movimientos y organizaciones sociales que defienden el derecho humano a la educación, entre ellas las que participan en la Incidencia Civil en la Educación (ICE), coalición miembro de CLADE en el país. Dichas organizaciones sostienen que el proyecto contiene graves retrocesos al derecho a la educación y a los derechos laborales de maestras y maestros, además de restringir la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la evaluación de la labor docente.
Entre otros puntos, el proyecto determina que se tomará como referencia un marco general sobre lo que sería una educación de calidad “para definir perfiles, parámetros e indicadores para concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de las y los docentes en su servicio”, concepto que no está claro en la propuesta, ni se vincula al cumplimiento del derecho a la educación.
Asimismo, el proyecto determina que la comunidad educativa y las y los ciudadanos están excluidos de los procesos de discusión y toma de decisiones sobre las políticas de evaluación. Por lo contrario, la participación social no está contemplada en estas definiciones y sólo se incluye a las organizaciones de la sociedad civil y a las madres y los padres en el rol de observadores de la aplicación de evaluaciones.
“Exigimos al Senado de la República que cumpla con su deber y analice y debata la Ley del Servicio Profesional Docente, aprobada por la Cámara de Diputados, en la que se promueven flagrantes violaciones al derecho a la educación y a los derechos laborales de los profesores”, afirma al respecto Danú Hernández, coordinadora de ICE.
Ella defiende además que las maestras y los maestros, académicas y académicos, así como organizaciones de la sociedad civil del país se pronuncien por la necesidad de que las y los legisladores del país tengan un voto informado en el proceso de definición de esta ley. “Pugnamos por la necesidad de contar con leyes que abonen al fortalecimiento de la educación pública, laica y gratuita”, añadió.
La coalición, asimismo produjo un documento, en el cual señala aspectos preocupantes del proyecto de ley que, según su mirada, deben ser revisados en profundidad y replanteados desde un enfoque de derechos humanos. Conózcalos aquí.
Asimismo, se denuncia que durante las recientes protestas contra dicha reforma educativa, la policía ha actuado con violencia y arbitrariedade, incluso con la detención de comunicadores y comunicadoras, apenas porque documentaban la realización de otras detenciones. El periodista Gustavo Ruíz logró producir y divulgar un video, en el que documenta el momento de su propia detención por la policía. Véalo aquí.
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) produjo un reporte sonoro sobre las detenciones de manifestantes en México. Óigalo aquí.
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