Docentes y sindicalistas bajo amenaza en Colombia
Datos de derechos humanos y noticias recientes revelan la situación de violencia y represión a que se están sometiendo maestras y maestros movilizados por mejores condiciones de vida y trabajo en el país
Según informaciones de los diarios Semana y El Espectador, en el primer semestre de 2013 fueron asesinados 37 defensores de derechos humanos en Colombia. No se trata de una situación nueva en este país, que padece un conflicto armado desde hace más de medio siglo, entre movimientos insurgentes, el Estado y fuerzas paramilitares. No obstante, buena parte de las víctimas no corresponde a combatientes pertenecientes a los actores armados en disputa, sino que en realidad son civiles, entre los cuales muchos han actuado en defensa de los derechos humanos.
De acuerdo a datos de la Escuela Nacional Sindical, entre 1986 y 2010, el sindicato más afectado por asesinatos entre todo el movimiento sindical en Colombia fue la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), con cerca de 921 afiliadas y afiliados víctimas de homicidio. Por ello, el país ha sido reconocido como el más peligroso para la profesión docente en el planeta, con el mayor número de asesinatos de docentes por año.
Informaciones de la Secretaria de Derechos Humanos de la Central Única de Trabajadores (CUT) muestran que, solamente en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, van asesinados cerca de 40 docentes.
Durante el año 2013, hasta el mes de julio, fueron asesinados ya tres docentes en la misma zona del país. Elizabeth Gutiérrez, docente de la Institución Educativa San José de Obando (Valle del Cauca), Leonardo García Morera, docente de primaria en la Institución Educativa El Naranjal, Sede Benjamín Agrado, Corregimiento El Catre del Municipio de Bolívar (Valle del Cauca), y Francisco Javier Ocampo Cepeda, docente de la Institución Educativa Antonio José Camacho de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), muerto en el mes de Julio. Los tres docentes eran afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle – SUTEV, y se caracterizaban por ser líderes sociales con gran reconocimiento en sus respectivas comunidades.
De otra parte, desde el 7 de septiembre, el profesor del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, Oscar Sierra Fiztgerald, se encuentra desaparecido. Fue visto por la última vez en horas de la noche, cuando se desplazaba en su vehículo particular, desde La Voragine hasta el casco urbano de Santiago de Cali.
Más recientemente, fue también asesinada Adelinda Gómez Gaviria, defensora de los derechos humanos en el municipio de Almaguer, igualmente en la región del Cauca. Lea aquí el comunicado de la Corporación de Mujeres Ecofeministas de Colombia, en repudio a este y otros actos de violencia que se han llevado a cabo contra quienes denuncian injusticias y defienden los derechos humanos y la naturaleza en el país.
Según datos de la Confederación Sindical Internacional, entre el primero de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 2011, 2914 sindicalistas fueron asesinados en Colombia, 2643 hombres y 274 mujeres. Para el mismo periodo se registraron 11.942 atentados a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas, y 222 desapariciones, así como 5.397 amenazas de muerte, junto con 1.776 desplazamientos forzados, de acuerdo a informaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia [Reconocer el pasado, construir el futuro, Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 - 2011]. Si bien después de 2003 ha habido un descenso de los asesinatos, otros tipos de ataques permanecen muy elevados.
A nivel internacional la situación de riesgo de los/as sindicalistas colombianos/as no tiene punto de comparación. Mira el gráfico a continuación.
En conversación con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (SUTEQ), Jorge Hugo Liévano, afirmó que los mayores niveles de agresiones a sindicalistas en el país “coinciden” con las organizaciones y épocas de mayor movilización y confrontación, tal como ocurrió con el hecho más grave acontecido en el Quindío en agosto 12 de 2001, dos meses después de las grandes jornadas de movilización y huelga promovidas por FECODE y el SUTEQ, fecha en que tuvo lugar el atentado al entonces miembro de la Junta Directiva, Jhon Jairo Ocampo.
“Los diálogos que se adelantan en la Habana deberán incluir en los acuerdos de paz el establecimiento de garantías plenas para la actividad sindical como expresión de la participación democrática en decisiones que afectan la economía y la vida de millones de trabajadores”, defiende el SUTEQ.
De acuerdo a la CCDE, el actual panorama de violencia contra las maestras y los maestros en Colombia se configura especialmente por los siguientes factores:
1 - El paramilitarismo funciona agazapado en diferentes lugares del país, tomándose espacios de control y de dominación que acallan la voz de docentes aún en las mismas aulas escolares.
2 - También se encuentran en los espacios de poder y decisión, y desde allí mismo se hacen continuos señalamientos y amenazas que obligan al desplazamiento de las y los docentes.
3 - A partir de los procesos de paz que se están realizando actualmente entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano, se han generado señalamientos sobre algunas organizaciones que históricamente han trabajado por la construcción de la paz en el país y por los derechos humanos.
4 - Estos están relacionados con el despojo de las tierras y su lucha por la restauración y están relacionados también con la situación de injusticia y arbitrariedad que afecta a las comunidades indígenas.
5 - En las zonas urbanas predomina el sicariato, la delincuencia, la extorsión y el micro tráfico; situaciones que han permeado a las escuelas y que afectan tanto a docentes como a estudiantes y comunidad educativa.
6 - En las zonas donde la guerra es álgida y/o existe el control por parte de algún actor armado, las y los docentes están muy limitados en el trabajo con sus estudiantes, pues cualquier acción puede interpretarse como en contra de quienes ejercen el control; esto hace que sean estigmatizados, amenazados, y terminen siendo asesinados y/o desaparecidos.
7 - En muchas de estas zonas donde los maestros están muy desprotegidos, ellos solicitan traslados y hay constantes renuncias de ellos a sus labores académicas.
8 - Por otro lado, los medios de comunicación no denuncian lo que está sucediendo, de pronto cuando una o un docente es asesinado, sale como una noticia que se tapa muy rápidamente con algo más sensacionalista y no se explica que sucedió como sucedió y cuáles fueron las causas.
9 - Es así como la condición actual de las y los docentes es muy vulnerable, porque resulta incómoda para los actores armados, ya que su labor afecta sus intereses de sacar a las y los jóvenes y llevarlos a engrosar sus filas o mantener un fuerte control sobre la población.
10 - La escuela pública como lugar de protección, se encuentra en riesgo, dado que la educación está enfrentada a los intereses de los actores armados y esto pone en riesgo a los y las docentes y a toda la comunidad educativa. El espacio escolar se ha convertido en un espacio de disputa.
“Es necesario generar una acción urgente por parte de la Comunidad Internacional, haciendo un llamado al Gobierno Colombiano, para reclamar del Estado una protección global de la escuela; reconocer que las escuelas están en una alta situación de vulnerabilidad, generar desde el Estado una política sistemática de protección, de respeto y de apoyo hacia las y los docentes y hacia toda la comunidad educativa”, concluye la Coalición.
Ante este contexto y en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, que se celebró en Colombia el 9 de septiembre, la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos en Santander (REDEH) divulgó un comunicado en el cual afirma que se conmemoró esta fecha “en medio de un conflicto armado y social, donde las desapariciones forzadas, las amenazas, los homicidios, las torturas, atentados, falsos positivos, las faltas de garantías sindicales y sociales, entre otros derechos, están en el orden del día en medio de un proceso de paz, paros, marchas, bloqueo, manifestaciones de amplios sectores de la población colombiana, exigiendo garantías y derechos frente a las políticas neoliberales de la apertura económica y de la firma de tratados de libre comercio (TLC), políticas que van en contravía de los intereses de la paz, de la vida, del progreso, del desarrollo y de la justicia del pueblo colombiano”. Lea aquí la declaración completa.
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