Chile: Entra en vigencia la Ley de Inclusión Escolar
Dudas, críticas y marcadas diferencias persisten desde distintos sectores hacia la nueva normativa que en principio se propone terminar con el lucro, la selección y el copago en los establecimientos de educación particular subvencionada. Según Juan González, del OPECH y del Foro por el Derecho a la Educación en Chile, los principales cambios prometidos por esta reforma (fin al lucro y fin a la selección) quedan pendientes, siendo que el lucro apenas será regulado
2 de marzo de 2016
Fuente: Pueblo en línea
Foto: Foto: FabsY_
A partir del 1º de marzo comenzó a regir la Ley de Inclusión Escolar en Chile, la cual tiene el objetivo de terminar con el lucro, la selección de estudiantes y el copago en los centros educacionales.
Esta legislación, que establece un proceso gradual para que los colegios se conviertan en gratuitos, forma parte de la Reforma Educativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Hace más de 40 años la educación en Chile era gratuita, modelo que coexistió con escuelas privadas. Sin embargo, a partir de 1973 el régimen militar comenzó de manera paulatina a privatizar este sector en el país, al aplicar el modelo económico neoliberal que otorgó al Estado un rol subsidiario, lo cual incluyó también a las universidades.
Las 784 escuelas privadas que en 2015 cobraban los servicios educacionales a las familias, dejaron de hacerlo a partir del 1º de marzo. Además, cualquier plantel privado que cobre por ofrecer educación, voluntariamente puede decidir ser gratuito en el futuro.
Esta legislación pretende garantizar las condiciones para que niñas, niños y jóvenes que asisten a los colegios que reciben subvención del Estado, puedan recibir una educación de calidad. También permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento que más les guste, sin que ello dependa de su capacidad económica porque será el Estado el que aportará recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las familias.
También pretende eliminar el lucro (ganancias por ofrecer educación) en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo cual significa que todos los recursos públicos deben ser invertidos para mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños y personas jóvenes y adultas. De igual forma, termina con la selección arbitraria de estudiantes en las escuelas (por el origen social, religioso y otros), al permitir que madres, padres y apoderadas/os puedan elegir con libertad el colegio y el proyecto educativo que prefieran para que sus hijas/os estudien.
El fin de la selección se aplicará de manera gradual, al comenzar este año por la Región de Magallanes, en el sur del país. En esta zona, los niños y las niñas podrán postularse en 2017 a cualquier colegio que reciba aportes del Estado, sin que les soliciten antecedentes económicos, sociales o escolares, ni rendir una prueba de selección. Desde la vigencia de la ley, todo establecimiento educacional deberá regirse por el principio de no discriminación arbitraria.
A partir del martes, 1º de marzo, el Estado empezaría a incrementar el 20 por ciento la Subvención Estatal Escolar Preferencial (SEP). De este modo, estudiantes de primero a sexto grado básico recibirán 47.236 (unos 68 dólares), frente a la subvención anterior de 39.363 pesos (unos 57 dólares), mientras que el ingreso para estudiantes de séptimo a cuarto medio aumentará de 26.235 a 31.481 pesos (de 38 a 45 dólares).
Todos los centros de educación especial y de personas adultas sin fines de lucro, los establecimientos de administración delegada, así como los establecimientos de educación general gratuitos que estén en la SEP y sean sin fines de lucro, recibirán también unos 10 dólares como aporte estatal por gratuidad. Por su parte, los establecimientos particulares subvencionados por el Estado seguirán funcionando como tal, al igual que los administrados por municipalidades y los colegios particulares pagados.
Mediante esta Ley de Inclusión, año a año, los establecimientos que reciben subvención del Estado se irán sumando a la gratuidad y las familias ya no pagarán mensualidad. Para asegurar que los recursos que reciban por parte del Estado y de las familias se usen exclusivamente en el establecimiento educacional y en mejorar la calidad de la educación, las escuelas que reciben recursos públicos tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 para transformar su personalidad jurídica en "sin fines de lucro".
Juan González, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile y miembro del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, en conversación con el programa Especial de Prensa de la Radio Universidad de Chile, apunta a la complejidad de esta nueva legislación. “Que haya salido un debate en nuestro país respecto de problematizar la posibilidad de instalar el tema de la inclusión en la educación es algo en sí mismo cuestionable. Desde los organismos internacionales, como la Unesco, el derecho a la educación implica el derecho a la inclusión. Es algo que no puede estar separado. Y es un debate en la medida que la educación en Chile está tremendamente privatizada”, afirma el académico.
En esta misma charla, participó el secretario general del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, para quien “en Chile prevalece una consolidación del sistema privado de educación, donde aquello que queda como vestigio de la educación pública, se somete a los dictados de las reglas del juego del sector privado. Ese es el gran problema que estamos viviendo” [mira aquí la noticia completa].
A su vez, Juan González afirmó a la CLADE que los principales cambios prometidos por esta reforma (fin al lucro y fin a la selección) quedan pendientes, siendo que el lucro apenas será regulado. Asimismo, recuerda que "el término del financiamiento compartido y la selección quedarán sujetos a una gradualidad que, según el propio encargado de la reforma, podrá extenderse hasta por 20 años".
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