Exigimos la inmediata protección de docentes, estudiantes y de todas las defensoras y defensores de derechos humanos
Ante casos recientes de represión y criminalización de la protesta social de los y las que se manifiestan legítimamente por el derecho humano a la educación, la CLADE insta a los Estados a proteger y respetar sus derechos
En distintos países de América Latina y el Caribe, se multiplican los casos de represión contra las protestas sociales y la libertad de participación y expresión. Son incontables las situaciones de violencia y agresión contra docentes, estudiantes, campesinas/os, trabajadoras/es y otros grupos por reivindicar sus derechos, resultando en procesos judiciales, prisiones, herimientos, secuestros, desapariciones e incluso muertes. Estos son casos de graves violaciones de derechos y apuntan hacia contextos de debilitamiento de la democracia.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) viene acompañando con gran preocupación estas situaciones, y exige intervenciones urgentes orientadas hacia la garantía de los derechos humanos y la implantación de medidas de protección a sus defensoras/es.
En Colombia, es grave la situación de las maestras y maestros que reciben constantes amenazas en el ejercicio de su profesión en razón del conflicto armado entre los movimientos insurgentes, el Estado y las fuerzas paramilitares. Un levantamiento hecho por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) a partir de datos de los sindicatos docentes y otras fuentes , mostró la alarmante situación de desaparición, secuestro y asesinatos de docentes en el país. Para que el Estado asuma su compromiso de proteger a las y los docentes, la CCDE y la CLADE enviaron cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón y a la Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alma Viviana Pérez, y al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, en las cuales reportan los hechos y demandan intervenciones urgentes en defensa de dichas/os profesionales y de las escuelas [descargue las cartas enviadas a la CIDH, al Defensor del Pueblo y al Vicepresidente de Colombia.
En Paraguay, la Decana de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), María Angélica González, denunció a 53 estudiantes de la facultad ante la Unidad Fiscal Especial de Hechos Punibles del Ministerio Público, por presunta “coacción grave y violación de derechos”, debido a que estaban organizados y reivindicando el derecho a una educación universitaria pública y de calidad. Ante esta acción, el Foro por el Derecho a la Educación en el Paraguay divulgó un posicionamiento público en defensa de las y los estudiantes . La CLADE se sumó a la acción, enviando en conjunto con el Foro cartas a la Decana y al Rector de la UNA, en las que demanda la retirada de la denuncia, y un mensaje al responsable por la Unidad Fiscal que recibió la acusación, solicitándole que decida a favor de las y los estudiantes [descargue aquí la carta enviada al Rector de la UNA].
Alerta regional
Regionalmente, la CLADE le está dando seguimiento a otros casos. En Ecuador, 12 estudiantes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, en Quito, fueron enjuiciados por rebelión y atentado contra funcionarios públicos, luego de su participación en manifestaciones contra el cambio de su centro educativo de colegio técnico a instituto tecnológico, lo que sucedió en junio de 2013 [sepa más aquí]. En Chile, por otra parte, tramita actualmente en el parlamento nacional el proyecto de ley que “fortalece el resguardo del orden público”, también conocida como Ley Hinzpeter. El Foro por el Derecho a la Educación en ese país y la CLADE siguen atentamente a los debates en torno a la aprobación del proyecto, que abre precedentes para criminalizar a las personas que participan en manifestaciones sociales [sepa más aquí].
La CLADE exige la inmediata protección de docentes, estudiantes, defensoras y defensores de los derechos humanos y movimientos sociales, en contextos en los cuales los Estados respeten y protejan los derechos humanos, además de realizarlos. La criminalización de los movimientos sociales y de sus activistas es inadmisible, y es necesario y urgente el fortalecimiento de democracias en las que todas y todos tengan plenas condiciones para el ejercicio de su ciudadanía y de sus libertades fundamentales.