“Nuestros grandes retos son colocar nuestras propuestas en los espacios de toma de decisión y hacer alianzas”
Lo afirmó Danú Hernández, coordinadora general de la Red Incidencia Civil por la Educación (ICE), Danú Hernández. En entrevista a la CLADE, ella comentó los mayores desafíos para la realización del derecho humano en México, además de señalar los principales logros de la sociedad civil en el campo educativo y comentar las últimas actividades realizadas por la coalición en la cual forma parte. Lea la entrevista a continuación
¿Cuáles son los mayores desafíos a la realización del derecho humano a la educación en México?
En este momento, pasamos por un proceso de transición importante. Hubo elecciones y tenemos ahora un nuevo gobierno. El PRI (Partido Revolucionario Institucional), un partido que había gobernado el país durante más de 70 años, regresa a la Presidencia después de 12 años de gestión del PAN (Partido Acción Nacional), partido conservador y sin experiencia en gobierno. Eso implica un desafío importante en muchos sentidos. Por un lado, se ha aprobado un paquete de reformas constitucionales en el país con apariencia de avances, en materia educativa, pero que pueden implicar graves retrocesos dependiendo de cómo se operen. La reforma se aprobó a finales de diciembre, después de un plazo de un mes para la valoración de la propuesta por parte del poder legislativo. La apreciación y aprobación de la propuesta de reforma ha sido un proceso demasiado rápido, que ha excluido a la sociedad en su conjunto. Hay, por ejemplo, cambios que se refieren a la evaluación de maestros y a la participación de padres y madres de familia, entre otros aspectos, cuyo desafío tiene que ver con cómo se interpretan y cómo se traducen en las leyes reglamentarias. Es un momento de mucha confusión y hay que tener cuidado en con quien se hacen las alianzas y en qué espacios se participa, para evitar que nuestra participación avale la simulación.
Asimismo, otro hecho notable de la actual coyuntura ha sido el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se realizó en febrero de este año. La sindicalista fue detenida bajo la acusación de desvío de fondos del sindicato a través de numerosas operaciones bancarias irregulares entre los años 2008 y 2011. Este hecho en sí mismo no implica que las prácticas corporativas de la cúpula de este sindicato vayan a cambiar.
Gran parte de los desafíos tiene que ver con esta coyuntura. Asimismo, hay retos que se refieren al fortalecimiento de la participación informada y organizada de la ciudadanía, así como la desconfianza y desarticulación de las organizaciones de sociedad civil, en el momento actual. Finalmente, es preocupante la capacidad que ha mostrado un grupo de empresarios ligados con los medios masivos de comunicación de influir en las políticas educativas con un enfoque muy limitado y sesgado de lo que debe ser la educación.
¿Qué logros alcanzó la sociedad civil hasta el momento respecto a la garantía del derecho humano a la educación en el país?
La reforma en Derechos Humanos de 2011, que incluye el término como tal de los derechos humanos, después de años de luchas interminables llevadas a cabo por organizaciones y movimientos sociales, fue un parte aguas para el cumplimiento del derecho humano a la educación. Además, el cambio radica en el bloque constitucional que se logra con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, lo que implica que podamos, desde varias instancias, trazar caminos distintos de la justiciabilidad del derecho a la educación. Ese fue un avance fundamental, no solo para la educación, sino para todos los derechos.
En este sentido, ¿cuáles serían los grandes retos para la sociedad civil que actúa por el derecho humano a la educación en México desde la perspectiva de la ICE?
Un gran reto de la coalición es el combate a la idea que permea en el ámbito internacional de que en México ya se alcanzó la cobertura universal en educación básica y que con eso la responsabilidad del Estado está cumplida, cuando hay muchas brechas que no se reconocen. Las cifras oficiales no representan la diversidad y la complejidad del país, no toman en cuenta a los grupos desfavorecidos, excluidos y discriminados por el Sistema Educativo. Eso porque la mayoría de las políticas educativas se piensan en términos de servicios, sin brindarle atención específica a los grupos vulnerables, pues la intención de tales políticas no busca cumplir el derecho cabal, sino aumentar las estadísticas y cifras. Al interior del país, el tema del debate del concepto de calidad en la educación, y el posicionar la importancia de indicadores del cumplimiento del derecho, es uno de los principales retos que hay para la coalición. Actualmente, la elaboración de las leyes secundarias y el conflicto magisterial agudizan la polarización de la sociedad. El poder incidir en este proceso y en la elaboración del Plan Sectorial de Educación, que deberá concluirse en los próximos meses, después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, son tareas pendientes. Tenemos que vigilar que todo lo que emprenda el gobierno responda al cambio constitucional, de manera que el enfoque de los programas y normas se de en términos de derechos humanos.
Un punto nodal en ese contexto, para nosotros/as, es pensar en los procesos de justiciabilidad de la educación. Estamos involucrados en el debate sobre cómo hacer que, independiente del gobierno en turno, podamos iniciar procesos jurídicos como herramientas para exigir el cumplimiento del derecho humano a la educación. En ese sentido, ha sido fundamental la reforma de la Constitución Federal de México en 2011, en la cual se afirma que es obligación del Estado el cumplimiento de los derechos humanos y que los tratados internacionales tienen el mismo peso que la Constitución y las leyes nacionales.
La nueva reforma educativa de México ha suscitado cuestionamientos de la sociedad civil, en especial en lo que se refiere a la evaluación de maestras y maestros. ¿Cómo está avanzando ese debate?
En el marco de la reforma, se propone que haya la evaluación de los/as docentes, es decir que las maestras, los maestros y otros puestos en educación se ocupen a partir de pruebas de selección. La permanencia y las promociones también serán por procesos evaluativos. Esa es una propuesta que pudiera ser importante e interesante porque actualmente, en México, las plazas de maestros/as se venden o se heredan, y no se delimita claramente cuáles son las capacidades necesarias al ejercicio de la docencia. La polémica radica en la posible violación de los derechos laborales de los docentes si esto se instrumenta. Otro problema es el enfoque tan estrecho que se tiene de la evaluación (sólo lo académico), las herramientas tan deficientes y el uso que se quiere dar a la evaluación (selección, permanencia y estímulo).
Habría que partir de un concepto amplio de educación (no sólo lo académico), considerar la evaluación como elemento para apoyar al maestro para mejorar su labor. Un verdadero sistema de acompañamiento. Es decir que el enfoque de los programas y normas se defina en términos de derechos. El Sistema Educativo en su conjunto tendría que ser evaluado. El asunto que se debe debatir es qué tipo de evaluación se va a realizar con las maestras y los maestros. Pues, si se evalúa a un profesor de una comunidad indígena con los mismos parámetros aplicables a los maestros que trabajan en zonas urbanas, volvemos a lo mismo. Esa no será una evaluación que realmente identifique qué saben las maestras y los maestros y cuáles las capacidades que ellos/as pueden desarrollar en el aula. Por otra parte, un ala de maestros/as ya está realizando fuertes movilizaciones contra la reforma. Lo más importante en este momento sería el dialogo con los/as docentes y otros movimientos sociales para discutir qué entendemos por una evaluación pertinente.
La discriminación a comunidades indígenas es todavía un reto a superar, en México. ¿Podrías comentar un poco más el tema de la discriminación en la educación indígena?
Sí. La educación indígena es uno de los puntos más débiles del Sistema Educativo Nacional, porque obviamente, con la idea de que todo sea muy homogéneo, la educación que se ofrece no es pertinente y está completamente descontextualizada de la cultura de las poblaciones indígenas. La educación actual de México es vista desde una mirada hegemónica que privilegia la cultura occidental. En ese escenario, las propuestas educativas de los pueblos indígenas no se aceptan ni se asimilan. Hay cada vez más indígenas rechazados por el sistema educativo.
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